Un acuerdo sobre financiación municipal imprescindible
En primer lugar os quiero dar las gracias a todos y todas los que diariamente seguís este blog y me enviáis vuestros comentarios y observaciones, tanto en abierto como en privado sobre los temas que aquí trato.
Hoy quiero dar respuesta a muchos que lo seguís desde diferentes puntos de la geografía española que me habéis pedido que publique también en castellano para poder entender algunos de los temas que trato.
Estreno pues el blog en castellano con un artículo sobre financiación que publiqué como Alcalde de Sabadell y presidente de la Federació de Municipis de Catalunya en La Vanguardia el pasado 13 de agosto.
Nos encontramos en un momento histórico en el que se está negociando un nuevo modelo de financiación autonómica y no podemos perder la oportunidad de revisar el cambio de modelo de financiación de los Ayuntamientos. Así lo hemos expresado desde el municipalismo catalán, representado por la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis i Comarques, en un documento conjunto que reivindica que es urgente y prioritario que en el 2008, además del establecimiento de un nuevo modelo de financiación autonómica, se defina un nuevo marco de competencias y de financiación adecuado para los municipios. Además, hemos propuesto una serie de medidas de carácter extraordinario a emprender hasta que este acuerdo se haya cerrado.
Los Ayuntamientos tenemos unos recursos claramente insuficientes por el grado de responsabilidad y competencias que estamos asumiendo. Llevamos 30 años reivindicando este cambio de modelo y si no se aborda ahora no será ni justo ni legítimo. Por eso, desde la lealtad institucional y el pleno apoyo al gobierno de la Generalitat en este momento de negociación, queremos expresar que no aceptaremos un cambio de modelo que no de respuesta positiva a nuestras necesidades. Necesitamos financiación para poder hacer frente a la inversión pública y para dar respuesta a las competencias que actualmente estamos asumiendo desde el ámbito local, sean propias o no. Deben cubrirse el 100% de las competencias impropias de los Ayuntamientos, el 100% de las competencias derivadas del Estatut y para el resto de la actividad municipal la cantidad que sea necesaria y que corresponda a los entes locales.
Y más aún en un momento en el cual la economía ha entrado en un proceso de fuerte desaceleración. Esta situación económica afecta directamente y en primer término a los ciudadanos y ciudadanas, a los vecinos y vecinas de los municipios que representamos. Por este motivo, los Ayuntamientos debemos potenciar más que nunca las políticas sociales, especialmente para las personas más frágiles, y también, en la medida de lo posible, debemos impulsar políticas activas de ocupación combinándolas con medidas de replanteamiento del gasto, de austeridad y de la máxima eficacia en la gestión pública. Al mismo tiempo, no podemos dejar de asumir responsabilidades que hasta ahora, en muchos casos sin tener las competencias, hemos desarrollado. De forma especial, en el ámbito de la vivienda social, para compensar en la medida de lo posible el descenso de la inversión privada.
Para poder asumir estos objetivos, en un contexto de reducción de los ingresos asociados a la construcción y de caída de los ingresos de otras administraciones, sobre todo de ámbito europeo, es totalmente necesario y urgente que el Estado y las Autonomías reconozcan el papel fundamental de los entes locales en la prestación de servicios a la comunidad y los doten de los recursos necesarios para hacerles frente. Este nuevo modelo de financiación local necesariamente tendrá que revisar los recursos tributarios propios bajo la perspectiva de mejorar su gestión y eficacia y no para incrementar la presión fiscal. La fiscalidad municipal debe ser, por encima de todo, un instrumento de redistribución económica y social.
La Comissió Municipalista de Catalunya propone una serie de medidas provisionales mientras no se resuelva el problema de la financiación. Algunas de éstas, podrían ser el estudio de una moratoria en la aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y una reforma urgente de la misma, que permita que aquellas administraciones que cumplan con el resto de ratios legales y que demuestren una suficiente capacidad financiera puedan aumentar su capacidad de endeudamiento en un número limitado de ejercicios o la creación de un fondo específico que permita retornar el IVA pagado por las inversiones realizadas por los Ayuntamientos, con la obligación de reinvertirlos en nuevos proyectos.
Son sólo algunas propuestas. Pero hay otras. Todo con un objetivo claro: que los Ayuntamientos, de una vez por todas, dispongamos de los recursos que son justos y que nos permitan continuar dando respuesta a las necesidades y demandas de nuestros vecinos y vecinas. Una negociación catalana de la financiación con el gobierno español que no tenga en cuenta el mundo local no será una negociación que los Ayuntamientos podamos sentir como nuestra.